Medios españoles presentan una demanda a Meta por prácticas injustas

El conjunto de televisiones y compañías publicitarias de Atresmedia, Mediaset y TRECE, integrantes de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), y los grupos radiofónicos encabezados por Cadena Ser, COPE, Onda Cero y RAC1, pertenecientes a la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), han presentado una demanda conjunta contra Meta en la que la acusan de competencia desleal en el mercado de publicidad online.

Los demandantes señalan que Meta ha incumplido sistemáticamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos (REPD) desde su entrada en vigor el 25 de mayo de 2018 hasta el 31 de octubre de 2023. Según la demanda, este incumplimiento ha permitido a Meta propietaria de redes sociales como Facebook e Instagram, obtener una ventaja competitiva ilícita en relación a los demandantes en el mercado de la publicidad online segmentada y personalizada.

A la demanda presentada en diciembre de 2023 contra Meta por medios de prensa agrupados en AMI también se han sumado las principales televisiones y radios. Como consecuencia del masivo incumplimiento de la normativa y de las diferentes resoluciones de las autoridades europeas sobre la materia, Meta ha adquirido antijurídicamente una ventaja competitiva injusta al evitar recabar el consentimiento explícito de los usuarios para el perfilado publicitario, lo que habría limitado significativamente su base de datos y, por ende, su capacidad de ofrecer publicidad personalizada.

Daño económico de 160 millones de euros

La demanda estima el daño económico en más de 160 millones de euros, calculados hasta la fecha de presentación, como la pérdida de ingresos sufrida por los demandantes a causa de las acciones indebidas de Meta y plantea la posibilidad de extender el período de reclamación si las autoridades europeas confirman que la compañía sigue sin cumplir con los requisitos de consentimiento.

La demanda de los Medios españoles a Meta ha sido presentada por el despacho dirigido por el abogado y catedrático de Derecho Procesal de la UCLM, Nicolás González-Cuéllar.

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